patentes tinelli“Acá se termina el tema, acá se le ha puesto la tapa” dijo Macarena Rubio, mientras que Jorge Reyes afirmó la idea de no judicializar la política, tras dar a conocer la Intendencia de Florida el fallo judicial que no encontró delitos en la denuncia por empadronamientos irregulares realizada por el diputado Carlos Rodríguez.

En un audio hecho llegar a través de correo electrónico, se dan a conocer los testimonios de la Dra. Macarena Rubio en su carácter de Secretaria General y del Dr. Jorge Reyes quien fue contratado en su momento como defensor de la administración Enciso y hoy ocupa la Dirección de Asuntos Legales.

Rubio informó que le habían “notificado formalmente que el expediente mediante el cual se denunció por presuntas irregularidades en empadronamientos” estaba archivado.

“La noticia es importante” consideró antes de relatar que se trata de la sentencia decreto 2734 de 2017 firmada por la Dra. Anabel Gatto de Souza, donde se archiva el caso lo que provoca “un sentimiento de satisfacción porque hemos pasado tres años cuestionados no sólo a nivel departamental sino a nivel nacional, hemos sido cuestionados hasta tapa de algún medio a nivel nacional. Rubio remarcó que la administración se ha manejado más allá de hacerlo bajo el imperio de las normas vigentes “sobre un principio el más importante de todos, la buena fe…acá se termina el tema se le ha puesto la tapa”.

Recordó que durante todo el proceso “la intendencia siempre colaboró” y además “todo el tema de los empadronamientos fue revisado por el propio intendente, por la comisión y por el Congreso de Intendentes”, lo que llevó a que internamente “se sancionaron los que se consideraron faltas administrativas pero con la absoluta tranquilidad de conciencia, pero que no había ninguna figura delictiva, que podrían haber faltas administrativas que en nada rozaban un ilícito penal”

Por su parte el Dr. Jorge Reyes dijo que fue notificado como defensor, del archivo de la conocida denuncia del 27 de agosto del año 2014, remarcando que desde un comienzo que todo se estaba laudando con una investigación administrativa y tras estudiar todos los se aplicaron sanciones por faltas administrativas.

Agregó que era confusa la denuncia con informaciones anónimas poniendo en tela de juicio la transparencia del accionar de esta administración, pero es claro que aquí no existe ilícito penal alguno.

Es muy importante –dijo- leyendo el expediente que “en el contexto en que se dieron los hechos de actos no hubo voluntad de  violentar el deber, no hubo interés privado y tampoco existió perjuicio a la administración pública, en definitiva no existió delito penal.”

Fue lo que dijimos en el 2014 sentenció Reyes, no podemos judicializar la política, estas cosas duelen, buscan otro interés que el bienestar de administrar justicia”.

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