WhatsApp Image 2022 05 01 at 3.36.38 PMCon reiterados análisis sobre la realidad nacional por el impacto de las medidas económicas del Gobierno, sumándole la preocupación por la pérdida de poder adquisitivo y los efectos negativos que tendría una reforma de la seguridad social, se desarrolló un nuevo acto del Día de los trabajadores en Florida.  Por primera vez se realizó un acto en Casupá hacia donde concurrieron integrantes de la Intersindical de Florida (foto)

Una vez más la histórica Plaza Asamblea fue el punto de concentración del cual formaron parte trabajadores, jubilados y representantes políticos, en este caso visiblemente únicamente del Frente Amplio local, a través del Diputado Carlos Rodríguez y la Senadora Amanda Della Ventura.

Por primera vez participó activamente un representante sindical de la cúpula del PIT-CNT, Martín Pereira, presidente de COFE.

PROCLAMA LEÍDA EN LA CIUDAD DE FLORIDA

1 DE MAYO FLORIDA

Bienvenidos compañeros a este acto en nuestro día, el día internacional de los trabajadores. Es un día de lucha y reivindicación de la clase obrera, en el que reflexionamos y reivindicamos las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras, los que movemos la rueda.

Actualmente, el Día de los Trabajadores se ha convertido en una efeméride festiva, pero no hay que olvidar que esta fecha rinde homenaje a aquellos que lucharon por una vida digna para todos los trabajadores y trabajadoras. Hace poco más de cien años, las fábricas eran centros de trabajo en los cuales trabajaban por igual hombres, mujeres, ancianos y niños, con jornadas de más de 12 horas diarias. Esta extenuante jornada laboral no daba opción a las personas de recuperarse, descansar ni disfrutar de tiempo de ocio, mucho menos de desarrollarse como seres humanos solidarios, felices y

Mucho tuvieron que luchar los trabajadores durante años para conseguir

establecer la jornada laboral de ocho horas, incluso a costa de sus propias vidas.

Hoy, nuestras preocupaciones y padecimientos son otros, los de nuestra época, gracias a las conquistas de aquellos trabajadores y trabajadoras que lo arriesgaron todo reivindicando los derechos de todos, pero siguen siendo las preocupaciones y padecimientos de la clase trabajadora. Una clase que cuando se organiza es llamada el palo en la rueda de este gobierno neoliberal, antipopular y represivo.

Represivo si, porque sufrimos persecución sindical y política en las empresas

públicas, en la educación, en los supermercados y en cada una de las empresas donde los trabajadores se organizan. Asistimos a un primero de mayo en el que los trabajadores y trabajadoras de nuestro país soportan las consecuencias de una crisis social, política y económica pagando con su salario, los aumentos de los jerarcas de confianza.

Lamentablemente, la política económica del gobierno está priorizando a los más privilegiados, haciendo caso omiso a las necesidades del pueblo, recortando la inversión social y económica de quienes más lo necesitan. Los ajustes salariales y de las pasividades que se proponen son insuficientes y llegan tarde. Los trabajadores y trabajadoras estamos siendo cada vez más afectados por la suba de los precios y la pérdida de poder adquisitivo. De esta manera, se perjudica también a las pequeñas y medianas empresas, a los pequeños y medianos productores, a los feriantes, quienes producen e invierten en el mercado interno. El gobierno, además, pretende hacer una reforma de la seguridad social a costa del sacrificio de los trabajadores, no de los patrones, no de los grandes capitalistas.

Para el gobierno, urge hacer una reforma de la seguridad social; el objetivo es

reducir el gasto público –para nosotros inversión-, desconociendo que la seguridad social es un derecho humano fundamental y una de las herramientas más potentes que tenemos para la redistribución de la riqueza. Y todo indica que lo van a hacer con políticas de recorte, perjudicando a las y los trabajadores a través del aumento de la edad de retiro «al barrer», la reducción de las jubilaciones, la disminución de la tasa de reemplazo de las jubilaciones por imposibilidad física y la extensión de años de aportes para el cálculo del sueldo básico jubilatorio. Una verdadera reforma fiscal encubierta.

A los trabajadores nos preocupa:

• Que una reforma de alto impacto (recae en el 80% de la población) se haga

sin diálogo social, sin consensos.

• Que no se toque el financiamiento del sistema, que no se busquen nuevas

fuentes de ingresos (aportes de sectores con gran capacidad contributiva o

impuestos a las altas jubilaciones militares, etc.).

• Que la reforma sea solo del sistema de jubilaciones del BPS, cuando hay otras cajas, como la Militar, que requiere una reforma más profunda y urgente, por su déficit y por las jubilaciones privilegiadas que tiene.

• El aumento de la edad de retiro, por aquellos trabajadores y trabajadoras que no están en condiciones de seguir trabajando 5 años más, por ejemplo, los rurales, la construcción, servicio doméstico, y tantos otros que por las condiciones laborales, físicas y psíquicas no pueden trabajar hasta los 65 años.

• Que no se incluya en la reforma otros componentes importantes de la matriz de protección social como la atención a la primera infancia, las personas con

discapacidad, el Sistema de Cuidados, entre otros.

• Nos preocupa que se promueva la profundización y ampliación del sistema de las AFAP, que se le quiera dar protagonismo a empresas privadas con su consiguiente lucro en detrimento del Estado, cuando estas han fracasado en el mundo (según doc. 2018 OIT).

No se está diciendo que la reforma no sea necesaria, la reforma del sistema de

Seguridad Social debe hacerse, pero debe hacerse progresivamente, con diálogo y legitimidad social, y sobre todo, debe ser integral: debe abarcar a todos los subsistemas (Cajas estatales y paraestatales) e integrar todas las políticas de protección social, no solo la de las jubilaciones.

Desde el 8vo. Congreso del PIT-CNT en 2003, los trabajadores y trabajadoras

hemos aprobado por unanimidad, congreso tras congreso, defender una seguridad social solidaria, universal y sin lucro. Este 1ro. de Mayo reafirmamos nuestro compromiso.

La crisis económica provocada por la pandemia durante el año 2020, conjuntamente con una política económica que priorizó la reducción del déficit fiscal, condujo a un importante deterioro de los principales indicadores económicos y sociales durante ese año. No solamente la economía se contrajo más de 6 puntos sino que se perdieron miles de puestos de trabajo, cayó el salario real, los ingresos de los hogares y se incrementaron los niveles de pobreza. En consecuencia, las condiciones de vida y el bienestar de la mayor parte de los uruguayos se vieron resentidas. Todo indica que este escenario continuará durante este año, en que el salario real no comenzará la comprometida recuperación, y puede llegar incluso a caer - dependiendo de la evolución de los precios- mientras que oficialmente se espera un crecimiento de 3,8% del PBI. El rápido aumento de los precios al consumo que se fue procesando durante 2021 y en particular en los primeros meses de este año, hace sospechar que la recuperación salarial va a verse pospuesta nuevamente. Esto disminuye la probabilidad de que el poder de compra de los asalariados retorne a los niveles pre pandemia.

La distribución de los ingresos también empeoró: la masa salarial perdió peso en el producto total y la brecha entre los deciles de mayor y menor ingreso de la sociedad aumentó. Así, luego de la caída de 100 mil personas más por debajo de la línea de pobreza en 2020, en 2021 hay en el país 66 mil personas pobres más que en 2019. De éstas, más del 30% son niños, niñas y adolescentes. En la medida en que no cambien las prioridades en materia de políticas públicas de gastos e inversiones, se acelere la recuperación salarial y se implementen medidas potentes hacia el mercado laboral; la mejora en estos planos será cada vez más lenta.

Pero no a todos les fue mal durante la crisis y la recuperación. Como contracara de lo anterior, algunos sectores acumularon cada vez más riqueza, lo que se refleja por ejemplo, en la evolución de los depósitos de uruguayos en el exterior. Una política económica que recorta durante la crisis y no favorece el derrame durante la recuperación, tiene como resultado una peor distribución de la riqueza generada, concentrando los ingresos entre quienes más tienen, disminuyendo los niveles de bienestar de las grandes mayorías y agravando los problemas de quienes menos tienen.

Luego de un deterioro muy profundo sufrido durante 2020, los principales indicadores del mercado laboral han venido mostrando mejoras en los últimos meses y el desempleo cayó. Sin embargo, preocupa la sostenibilidad que pueda tener este proceso y también aspectos asociados a la calidad del empleo. En los 2 primeros meses de este año, la tasa de desocupación se ubicó en 7,4%, lo que se corresponde con unos 132.000 desempleados. Dos de los sectores más “creadores” de empleo son el Estado -a través del impacto del programa Jornales Solidarios- y la construcción, basado fundamentalmente en UPM y el ferrocarril, proyectos que finalizan en un horizonte relativamente corto. En particular, los 15.000 puestos asociados a los Jornales Solidarios son precarios, ya que por definición son empleos transitorios y tienen ya pautada fecha de finalización, más allá de las prórrogas que se le puedan dar. Fue un programa necesario, que valoramos positivamente, pero es necesario reconocer que son puestos de trabajo de muy baja calidad, que al día de hoy garantizan solo 6 jornales al mes, con un ingreso de 6.250 pesos. Necesitamos que se instrumenten cambios que mejoren las condiciones de empleo de estos trabajadores y faciliten su reinserción en el mercado de trabajo formal.

Entre marzo de 2020 y febrero de 2022 el Indice Medio de Salarios tuvo una

variación de 13,6% mientras que el Indice de Precios al Consumo aumentó 18,8% en igual período. Esto marca una caída del salario real medio de 4,4% en el acumulado de los 2 años. De mantenerse los actuales niveles de inflación vamos a un nuevo año de caída del salario real para la gran mayoría de los trabajadores, la que se sumará a los dos años anteriores de pérdida de poder de compra.

Cuanto más tiempo se postergue el inicio de la recuperación del poder de compra del salario, más deterioro de calidad de vida acumulan los trabajadores. En un contexto donde el PBI de la economía ya en el segundo semestre se ubicó por encima de los niveles pre pandemia y en 2022 crecería un 3,8% según las estimaciones del gobierno; que el salario real medio y el poder de compra de las jubilaciones siga cayendo y su recuperación se postergue un año más, refleja un proceso donde los asalariados y jubilados pierden participación en la distribución del ingreso y como contracara, se produce una concentración del ingreso y la riqueza en los sectores del gran capital.

La inflación viene con una tendencia a la aceleración en los últimos 10 meses, pasando de un registro de 6,6% interanual en mayo del año 2021 a 9,4% en marzo de este año. Los precios de los alimentos por su parte, de particular relevancia en el consumo de los hogares de menores ingresos, se han incrementado de forma persistente por encima del promedio. Solamente en el primer trimestre de 2022 el Indice de Precios al Consumo subió 4,4% y los alimentos 7,1%. Se trata de cifras muy elevadas para la mayoría de los trabajadores del sector privado que recibieron en enero un ajuste de 3,5% para todo el semestre y los públicos de 7% para todo

el año. En promedio los hogares gastan el 26% de su presupuesto en alimentos, pero en el caso del tercio de hogares de menores ingresos, este porcentaje se ubica en el 35% del presupuesto aproximadamente. Es decir que el aumento de los precios afecta a todos los trabajadores y jubilados, pero el incremento particularmente alto de los alimentos afecta en mayor medida a los hogares de ingresos más bajos. Por su parte, la eliminación transitoria de IVA en algunos productos abarca menos de un 4% de la canasta de consumo, con lo cual el impacto de esta medida -incluso si fuera enteramente trasladada a los consumidores- sería un ahorro de apenas 0,4% en el presupuesto del hogar, durante un mes. Todo esto se ha reflejado de manera clara en un empeoramiento en las condiciones de bienestar y en la calidad de vida de los hogares, que estadísticamente se recoge en la evolución de los niveles de pobreza, donde el panorama además, es poco alentador. Las mejoras registradas en 2021 fueron escasas, de manera que al cierre de ese año el país cuenta con unas 66.000 personas pobres más que en 2019. Cabe destacar además que el ascenso de la pobreza tiene un especial impacto y muestra su peor cara en la niñez y la adolescencia de nuestro país, registrando aumentos significativos en todos los tramos de edades menores a los 18 años. La economía del país se ha recuperado de manera importante tras la crisis, pero la recuperación no está alcanzando a toda la población y en particular están quedando rezagados los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, a la vez que los sectores de mayor ingresos siguen concentrando y acumulando la riqueza generada por todos.

En el marco de la pandemia, la mayoría de los países del mundo decidieron

destinar mayores recursos a combatirla, aún cuando esto significó destinar mayores recursos a esto en desmedro de mayores niveles de endeudamiento y déficit fiscal. La necesidad de ampliar los niveles de cobertura, más allá de los recursos que esto supusiera, fue la guía en estos casos. En nuestro país en cambio, se privilegiaron los objetivos macroeconómicos de reducción del gasto público y las metas en relación al déficit fiscal por encima de las necesidades sociales demandadas. Así, fuimos uno de los países que menos recursos públicos destinó al combate de la pandemia durante el año 2020. A los efectos de enfrentar las consecuencias provocadas y atender la crisis sanitaria, económica y social, se creó el Fondo COVID, que destinó más de 1.150 millones de dólares, es decir, 1,9% en términos del PIB; fundamentalmente orientada al mantenimiento y extensión de los seguros de desempleo y para brindar transferencias sociales.

Estos recursos no solo resultaron insuficientes y tardíos, al punto que no pudieron evitar el aumento de la pobreza y la desigualdad; ciertamente, la estrategia del gobierno fue minimizar los recursos destinados a salvaguardar a los hogares más frágiles, con transferencias monetarias que le permitieran a esas personas transitar la caída de los ingresos derivada de los problemas asociados a la pérdida de empleo o el envío al seguro de desempleo. Sino que su financiamiento, sólo fue posible fruto de importantes recortes que el gobierno decidió implementar como mecanismo de “ahorro”. Fueron la Enseñanza y la Vivienda dos de los principales afectados por el recorte, que a su vez son los que tanto pueden contribuir al desarrollo dado su potencial en términos de aporte a una trayectoria de crecimiento sostenido. La Enseñanza cayó 3% en términos reales, téngase en cuenta la importancia de la caída en tanto, los recursos que se destinan rondan el 4,4% del PIB, es decir, es un recorte equivalente a más de 300 millones de dólares. Por su parte la Vivienda fue sin dudas la más “lastimada” en términos de recorte presupuestal, registró una caída cercana al 12%. El gasto público social cayó en términos reales en el año 2020 respecto al año 2021, luego de más de diez años de crecimiento ininterrumpido. El gobierno privilegió los objetivos macroeconómicos en sintonía con la aprobada LUC que creó una regla fiscal sobre el gasto presupuestal. Incluso en lo que respecta a las empresas públicas, se les congela la posibilidad de inversión en términos reales durante todo el quinquenio de gobierno, lo que agudizará el deterioro por falta de inversión de actualización y mantenimiento; sin perjuicio de que algunas necesitan dado su giro de negocios, la expansión. El año 2021 fue un año de crecimiento económico - por encima de las expectativas y previsiones iniciales que guiaron la Ley de Presupuesto- antes del 30 de junio debe ingresar el Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas al parlamento, no sin antes pasar por los ámbitos de negociación colectiva, tal lo establece la Ley.

Es dable esperar que una vez terminada la etapa de la emergencia sanitaria y las prioridades que le asignó el gobierno a ello, se pueda abrir una nueva que debiera contemplar el rezago en materia presupuestal que dejó la pandemia; fundamentalmente en aquellos sectores que contribuyen más al empleo y crecimiento sostenido. La próxima rendición de cuentas debería allanar el camino en varios sentidos aún pendientes: en primer lugar, dar claridad sobre el cumplimiento del gobierno en materia de recuperación salarial; y en segundo lugar, la reactivación de áreas fuertemente golpeadas por los recortes presupuestales que vieron afectadas sus dinámicas y calidad de prestaciones, como la Enseñanza y la Vivienda -incluso dado su enorme potencial además de social, económico pero sin lugar a dudas, siendo una de las mayores preocupaciones de la población

la situación económica, se torna indispensable llevar adelantes concreciones en materia de inversión (tanto pública como privada) pero sin permitir el deterioro de nuestras empresas públicas. Sin inversión, nuestras empresas públicas corren el riesgo de ser afectados sus servicios y prestaciones, en una competencia desleal frente al sector privado. No es cierto, que la competencia es sinónimo de eficiencia; lo que sin duda se requiere para serlo, es poder invertir en su desarrollo y potenciar su contribución a las políticas públicas.

La política económica fue explícita en el sentido de proteger y privilegiar de

distintas formas a esos sectores económicos, a los que el presidente llamó “malla oro”. El crecimiento de estos sectores teóricamente impulsaría al resto de la economía. Sin embargo, no se observan los efectos del “derrame”, tampoco una mejora de las cifras de empleo que se pueda atribuir al enfoque del gobierno basado en que una reducción de los salarios aumenta la ocupación. Los sectores agroindustriales exportadores han sido efectivamente los que tuvieron mejor desempeño económico y eso se refleja tanto en el crecimiento de su facturación como en los niveles de rentabilidad extraordinarios que percibieron recientemente.

Por un lado, la demanda externa de productos primarios generó, además de un

mayor volumen de comercio, niveles de precios históricamente altos para los

productos que más exporta Uruguay; durante 2021 los aumentos de precios de

productos como la carne (40%), la soja (15%), el maíz y el trigo (20%) y los lácteos (30%) generaron condiciones para los sectores agroexportadores que se asimilan al último “boom” de commodities que Uruguay atravesó entre 2007 y 2014. En ese contexto de condiciones extraordinariamente favorables, la política económica apoyó de todas las formas posibles el desempeño de estos sectores, dándoles prioridad frente al resto. La política de ingresos buscó a través de las pautas para la negociación colectiva, reducir los costos laborales a través de una baja de los salarios en términos reales. La política cambiaria y monetaria procuró al inicio del periodo corregir rápidamente un aparente “atraso” cambiario llevando el valor del dólar de forma acelerada a niveles más convenientes para el sector exportador.

Por último, la política fiscal, además de recortar gastos, redujo la carga impositiva sobre estos sectores. Sin embargo, aunque aumentaron las cantidades exportadas y no solamente los precios, la mayor producción de estos sectores no se reflejó en mayores niveles de empleo. Los 20 sectores que más crecieron en la industria manufacturera aumentaron la producción en promedio un 20% en 2021 frente a 2019, pero en ese mismo período el empleo bajó 0,3%, según se puede calcular a partir de las cifras que recaba el INE. Sectores como los de alimentos (carne y agrícolas), los químicos y las autopartes, son de los que más crecieron comparado con 2019. Pero cuando se mira el personal que ocuparon, hubo una baja en el nivel de empleo. A nivel general, la industria, que aumentó su producción comparando con 2019 (6%), redujo el personal ocupado (5%) en el mismo período de tiempo. Este crecimiento extraordinario en los ingresos de algunos sectores económicos, al tiempo que la inversión permanece en niveles relativamente bajos, es la contracara de la acumulación de fondos que se ha producido en las cuentas

más grandes del sistema financiero y también en el exterior.

Uruguay, por sus características demográficas, de participación en el mercado

laboral y de arreglos familiares, requiere de una política sólida que garantice los

cuidados para quienes lo necesitan. El contexto de la emergencia sanitaria se ha visibilizado esta necesidad con más claridad todavía. En el peor momento de la pandemia, vimos cómo el sistema de cuidados, lejos de fortalecerse se vio disminuido, prueba de ello fue la insuficiente asignación presupuestal y la falta de conducción política de una política pública que debió ser protagonista durante dicho periodo. El gobierno parece no tener interés en el sistema de cuidados, ya que no se avanzó en ninguno de los servicios que conforman el sistema. El plan de cuidados presentado por el gobierno es un manual de buenas intenciones pero no tiene el correspondiente correlativo presupuestal ni los objetivos y metas del quinquenio claras. Como trabajadores y trabajadoras sabemos lo importante que es tener a nuestros hijos e hijas cuidados y contenidos mientras estamos trabajando, por eso debemos luchar por el mantenimiento y la creación de más los CENTROS SIEMPRE.

Todos y todas tenemos algún integrante de nuestro núcleo familiar que requiere de cuidados, históricamente quienes cumplían con la tarea de cuidados en forma no remunerada eran las mujeres de la familia, generando que no pudiéramos salir al mercado laboral o culminar nuestros estudios por tener que cuidar a nuestros “viejos” y a nuestros hijos. Un Sistema de Cuidados fortalecido permite fundamentalmente cuidados de CALIDAD, genera miles de puestos de trabajo y nos permite a las mujeres salir al mercado laboral tranquilas de que nuestros dependientes están cuidados. La comisión de cuidados del PIT-CNT, plantea volver a jerarquizar el SNIC, aportando para construir CUIDADOS de CALIDAD, SOLIDARIO, y de acceso UNIVERSAL, sostenido por trabajo decente, en condiciones dignas, y de organización colectiva. Ni mercantilizar ni lucrar con los cuidados de las personas. CUIDEMOS A QUIENES NOS CUIDA

En un contexto de alta precarización de las condiciones de vida de nuestro pueblo, se hace imprescindible la defensa irrestricta de nuestros derechos y la unidad de nuestras fuerzas organizativas que permitan frenar el avance de las políticas neoliberales que sólo favorecen a los más ricos del país.

Que este primero de mayo encuentre a la clase en pie de lucha.

Compañeras y compañeros, a defender nuestros intereses, a crecer en

organización y fortalecer nuestros lazos.

Viva el 1ro de mayo

Vivan las y los trabajadores

Hasta que la dignidad se haga costumbre